VUELVE EL DESVÍO DE CUOTAS EN EL ISSTEY

VUELVE EL  DESVÍO DE CUOTAS EN EL ISSTEY

Varias dependencias arrastran pagos vencidos de hasta dos años, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, que debe más de $16 millones

MÉRIDA, YUC. A 25 DE MAYO DE 2016.—  El atraso en el pago de cuotas al Isstey por parte algunas dependencias públicas, ha vuelto a surgir en el gobierno de Rolando Zapata Bello, como ocurrió con su antecesora, Ivonne Ortega Pacheco.

Según cifras oficiales, al 31 de marzo de 2015, los adeudos vencidos de esas dependencias con el Instituto ascendía a $5,958,193. Un año después, al 31 de marzo de 2016, la cifra aumentó a $80,014,313, un incremento del ¡1,254 por ciento!

Tan solo en los últimos tres meses, la morosidad creció 82.2% al pasar de $43,907,884, al 31 de diciembre de 2015, a $80,014,313, en el primer trimestre de este año.

17 Diciembre 2015. LOCAL.- Tribunal Superior de Justicia, Avenida Canek: entrevista con Marcos Celis para que haga un balance de 2015. Foto Jose Avila.

Marcos Celis Quintal, presidente del Tribunal Superior. El principal moroso del Isstey.

La entidad pública que más debe al Isstey es el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a cargo de Marcos Celis Quintal. El Tribunal arrastra pagos vencidos por $16,389,115, desde hace 13 meses, afirma el Informe Financiero de ese organismo, correspondiente al primer trimestre de 2016. 

La deuda de las instituciones públicas con el Isstey, al término del gobierno de Ivonne  Ortega, sumaba $2,262 millones, que Zapata Bello liquidó mediante una polémica operación, que incluyó también la reforma a la Ley Orgánica del Instituto.  Esta consistió en donar a ese organismo 2,700 hectáreas en Ucú, que el gobierno anterior adquirió para construir, se dijo, “una nueva ciudad”. El gobierno de Ortega Pacheco compró esos terrenos con un préstamo bancario, que aún sigue pagando la gestión de Zapata Bello.

Además del TSJE, entre los principales deudores al Isstey figuran las siguientes dependencias, según el último informe financiero de la institución:

. Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado (Segey), a cargo de Víctor Caballero Durán: $16,168,290, de los cuales, $14,730,754, corresponden a las cuotas de los maestros estatales y $1,437,536 a las cuotas de los maestros jubilados.

. Secretaría General de Gobierno (Roberto Rodríguez Asaf) y Fiscalía General del Estado (Ariel Francisco Aldecua Kuk): $12,481,089.

. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Porfirio Trejo Zozaya): $9,872,372. Tres meses de mora.

. Universidad Tecnológica Metropolitana (Rodrigo Cejudo Valencia): $7,258,613. Un año de mora.

Entre las entidades con más tiempo sin pagar sobresalen las siguientes:

. Planta de jugos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de José Límber Sosa Lara: 20 meses de mora y adeudo de $4,061,594.

. Universidad Tecnológica del Poniente (Rossana Alpizar Rodríguez): 20 meses de mora y adeudo de $1,752,368.

. Universidad Tecnológica del Centro (Reina Mercedes Quintal Recio): 20 meses de mora y adeudo de $1,486,652.

. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Javier Osante Solís), cuota quincenal: 19 meses de mora y adeudo de $972,332.

. Congreso del Estado (Celia Rivas Rodríguez): siete meses de mora y adeudo de $425,644.

También figuran en la lista de morosos estas instituciones:

. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, área “programas”: $3,022,595.

. Instituto del Deporte de Yucatán (Juan Manuel Sosa Puerto): $1,943,311.

. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, cuota mensual: $1,573,434.

. Hospital de la Amistad México-Corea (José Luis Aké Sosa): $1,297,100.

. Patronato Cultur (Dafne López Martínez): $731,765.

. Secretaría de Administración y Finanzas (Alfredo Dájer Abimerhi): $310,905,  correspondiente a las cuotas de los burócratas jubilados.

En total éstos y otros organismos con adeudos menores, debían al Isstey, hasta el 31 de marzo, como ya se dijo, $80,014,313.

Todas las dependencias del gobierno del Estado, los ayuntamientos, los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal, el Congreso del Estado y el TSJE, están obligados a pagar al Isstey el 12.75 por ciento del monto del sueldo mensual de sus empleados, mientras que los servidores públicos y los jubilados y pensionados deben aportar el ocho por ciento.

¿Dónde acabaron las cuotas retenidas?, ¿dónde quedaron las aportaciones de los trabajadores?, ¿qué dicen los funcionarios responsables?

 

ATRASO INJUSTIFICABLE. El atraso en el pago de las cuotas es injustificado, dado que esas aportaciones están previstas en los presupuestos anuales de las dependencias y las cuotas de los trabajadores se descuentan automáticamente de sus sueldos.

Las preguntas son, entonces, ¿dónde acabaron las cuotas retenidas?, ¿dónde quedaron las aportaciones de los trabajadores?, ¿qué dicen los funcionarios responsables?

El atraso en el pago de las cuotas del Isstey no es nuevo en el gobierno de Rolando Zapata. En los primeros 15 meses de su gestión, del 30 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, la deuda de los organismos públicos con el Instituto fue de $315 millones, a razón de $21 millones al mes, casi el mismo ritmo con la que ha crecido la deuda en 2016: $14.6 millones mensuales.

El riesgo de esta nueva deuda de más de $80 millones es que el Isstey no tiene recursos para impedir su crecimiento.

¿OTRA VEZ EL  SAQUEO? Las reformas a su ley orgánica, aprobadas en 2014, dejaron intactos los artículos 10 y 11, que no consideran mecanismos de sanción para quienes dejen de pagar sus cuotas e incluso si la mora es imputable al gobierno, los trabajadores no dejan de recibir los servicios de salud y las demás prestaciones del Isstey, como en la ley federal del Issste. Aquí, si la falta de pago persiste durante doce meses, se suspenden los servicios a los derechohabientes de las dependencias morosas.

Además, la ley actual, aunque sigue incluyendo el precepto que fija en .75% mensual el interés por dejar de pagar, eso es letra muerta. En la reforma de 2014 se aprobó un artículo transitorio que da al Isstey la facultad de condonar esos intereses. Es decir, deja abierta la posibilidad de que ocurra, otra vez, el saqueo de los recursos del Instituto, como sucedió con Ivonne Ortega.

 

 

 

 

 

 

 

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