SI NO HAY JUSTICIA NO PUEDE HABER PAZ SOCIAL. Artículo de Juan Chaia Shaadi

SI NO HAY JUSTICIA NO PUEDE HABER PAZ SOCIAL. Artículo de Juan Chaia Shaadi

El pasado 26 de septiembre de 2014 en un choque violento seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero.

Tres días después, el gobierno de ese estado detuvo a 22 de los policías involucrados por su presunta responsabilidad en ese enfrentamiento, pero los estudiantes secuestrados nunca volvieron a aparecer.

La protesta social se hizo presente a nivel de familiares, gente del pueblo y posteriormente se generalizó a nivel nacional, sobre todo con la denuncia por parte de múltiples organizaciones de sociedad civil.

ML CHAIA GRAFICA

El problema encendió los ánimos y las censuras provenientes de personalidades y organizaciones inclusive del exterior, así como de autoridades de otros países, al gobierno de México. Hasta que esto último ocurrió, ocho días después de haber sucedido la tragedia, la Presidencia de la República tomó cartas en el asunto, presentándolo como un problema local cuya atención correspondía a la autoridad estatal. En virtud de que la crítica y las protestas aumentaron potencialmente a nivel mundial, el presidente Peña Nieto decidió atraer el caso al ámbito federal.

IMPASSE

A partir de ese momento la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y fincar las responsabilidades jurídicas correspondientes, contando con la coadyuvancia de asesores y especialistas internacionales, sobre todo en materia de identificación de cadáveres calcinados.

Tras un febril e intenso trabajo, en el que hubo zigzagueos y señalamientos equívocos, que a finales de diciembre pasado provocaron la declaración del Procurador Murillo Karam en el sentido de sentirse físicamente “muy cansado”, se cayó en un impasse de estudio y análisis que concluyó el pasado 25 de enero con un categórico, contundente y definitivo dictamen: “Los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados por miembros de un cartel de narcotraficantes que los confundió con una mafia rival”.

 DUDAS

El rechazo y repudio a la versión oficial no se hizo esperar entre familiares y vecinos, maestros, deportistas, artistas e intelectuales, organizaciones civiles y de derechos humanos, y también por la comunidad internacional.

Con el propósito de señalar las dudas e inconsistencias existentes, las preguntas sin respuesta y las respuestas increíbles, insuficientes o contradictorias habidas en el citado dictamen, hemos hecho un esfuerzo  objetivo por precisarlas y documentarlas sin ánimo de utilizar calificativos ni politizarlas, pero si dándoles el valor jurídico que les corresponde. A continuación se señalan:

1.- ¿Con qué elementos probatorios la PGR consideró al ex alcalde de Iguala en los primeros días posteriores a la desaparición de los normalistas como el presunto principal responsable de la masacre y una vez capturado solamente fue consignado por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, ajeno a la autoría intelectual del crimen? A su esposa se le encauzó procesalmente por el delito de “asociación delictiva” (tema también ajeno al caso de referencia).

2.- ¿Por qué motivo la detención del José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala) se llevó a cabo en el estado de Veracruz, pero se anunció haberse realizado en la delegación perredista de Iztapalapa? ¿Hubo otro lamentable vídeo montaje, como el que se llevó a cabo en la época del criticado presidente Fox?

 ¿Por qué no ha habido una presentación pública de los policías de Iguala y de Cocula detenidos para llevar un careo a la vista de todos y una definición precisa de los hechos ocurridos?

3.- ¿Por qué durante el arraigo previo a la consignación del ex edil de Iguala se informó a los medios que José Luis Abarca proveía con dinero del narcotráfico tanto a la directiva nacional del Partido de la Revolución Democrática como a parte de la actividad que realiza Andrés Manuel López Obrador, y de repente la PGR decide guardar silencio, hasta la fecha, y no abrir averiguación por ese motivo a quien supuestamente entregó ni a quienes supuestamente recibieron el dinero mal habido? ¿La PGR mintió antes o mintió después o qué ocurrió con ese tema?

4.- ¿Por qué no ha habido una presentación pública de los policías de Iguala y de Cocula detenidos, estando presentes organizaciones de derechos civiles y los familiares de los afectados para llevar un careo a la vista de todos y una definición precisa de los hechos ocurridos? En ese careo se aclararía en qué lugar se concentraron a los normalistas secuestrados y dónde, cuándo y por orden de quién los entregaron, según la versión oficial, al grupo de narcotraficantes denominado “Guerreros Unidos”.

5.- Si era pública y notoria la vinculación y complicidad del gobernador Ángel Aguirre con los capos de la organización “Guerreros Unidos”, ¿por qué no hubo la necesaria investigación del citado funcionario estatal, limitándose la autoridad federal a “sugerirle” solamente la separación del puesto, vía licencia?

¿QUÉ OCULTAN?

6.- La PGR aprehendió a tres supuestos sicarios, que en su brevísima presentación más parecían sujetos “contratados” para echarse la culpa.  Según la autoridad forman parte de “Guerreros Unidos” y también, según la versión oficial, ejecutaron a “unos cuantos” normalistas. ¿A cuántos? ¿A los demás asesinados quién o quienes los liquidaron? Una presentación detallada de estos malhechores a través de un careo público también hubiera clarificado la historia de lo que realmente ocurrió.

7.- ¿En dónde exactamente se ubica el crematorio o sitio donde fueron incinerados los cadáveres? ¿Bajo qué condiciones se llevó a cabo esta tarea? Al respecto se sabe que el día que fueron ejecutados los normalistas estuvo lloviendo en esa zona toda la tarde y parte de la noche.

8.- Originalmente tanto la PGR como los “supuestos” sicarios referidos en el punto 6 señalaron que los restos de los cuerpos ya irreconocibles fueron enterrados en el cementerio de Cocula. Cuando los familiares y amigos de los desaparecidos se dedicaron a peinar en forma profunda dicho cementerio y no encontraron rastro alguno, el gobierno federal cambió su versión, indicando que los restos fueron tirados al río San Juan. ¿Cuál información es la verdadera: la primera o la segunda?

9.- ¿Por qué motivo el alcalde priista de Cocula, tan responsable como el ex alcalde de Iguala en estos hechos, no fue consignado y solamente se encuentra en una situación jurídica de arraigado?

SORDO, CIEGO Y MUDO

10.- A menos de 10 kilómetros de Iguala se encontraba instalado un batallón de Inteligencia Militar. Según la versión de la Procuraduría, este grupo militar estuvo ciego, sordo y mudo durante el proceso de secuestro y ejecución de los normalistas, pero la mayoría de los padres de las víctimas y diversos simpatizantes de la causa, ofrecen la prueba testimonial de que les consta que los policías de Iguala entregaron a los jóvenes secuestrados al batallón militar referido y que ese fue el último contacto tenido con ellos.

¿Quién dice la verdad en este punto crucial de la investigación? Este último tema resulta álgido porque de ser cierta la opinión de los testigos presenciales la responsabilidad jurídica y sus implicaciones políticas recaería en el ámbito federal y dejaría cuestionada la conclusión de que se trató de una confusión de narcos contra estudiantes como convencionalmente ha sostenido la PGR, lo cual agravaría el nivel de desconfianza existente no solo respecto a la imagen del Presidente de la República sino también de las instituciones gubernamentales.

¿Por qué motivo el alcalde priista de Cocula, tan responsable como el ex alcalde de Iguala en estos hechos, no fue consignado y solamente se encuentra en una situación jurídica de arraigado?

Para hacer más sombrío el panorama, en Washington el vocero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras llevar a cabo una investigación en campo de lo ocurrido, declaró: “Indudablemente se trata de un crimen de Estado”.

Nadie discute el carácter violento y conflictivo que tenían los normalistas desaparecidos. Nadie discute que cometieron fechorías y diversos delitos correspondientes al fuero común y penal (quema de automóviles y de inmuebles públicos, robo a establecimientos comerciales, ataque a las vías generales de comunicación, etcétera), pero la solución que se dio al problema fue aberrante, absurda e injustificable jurídica y moralmente, quien quiera que haya tenido la responsabilidad de su autoría.

El dos de Octubre de 1968 en Tlatelolco, así como en junio de 1970 (jueves de Corpus Christi) en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional, el Ejército masacró a más de 500 jóvenes que pretendían un cambio radical en la conducción del país. En la presente administración pública federal el año pasado en Tlatlaya, Estado de México, también el Ejército asesinó a 12 jóvenes y ya le fueron fincadas responsabilidades a los autores materiales de este delito.

 SEMILLAS DE ODIO

Ya han transcurrido 48 años de los primeros incidentes señalados y todavía el país no termina de recuperarse emocionalmente de esa tragedia. Y en aquellos sucesos los deudos tuvieron el consuelo de poder enterrar a sus muertos, aspecto que en Ayotzinapa se les niega la esperanza de hacerlo.

En esa crítica región del país toda una generación vivirá con el encono, la amargura y la frustración a flor de piel, por la forma y los cauces como la autoridad manejó este crimen. Por desgracia sigue viva entre la población de parte del estado de Guerrero la semilla del odio y de la violencia.

Si no hay justicia, no puede haber paz social.

 

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