¿Por qué hacemos Mayaleaks?

 Porque estamos convencidos de que los niveles de deshonestidad y opacidad en algunos sectores del gobierno de Yucatán son muy altos y crecen continuamente, no obstante las leyes e instituciones creadas especialmente para combatir la corrupción y garantizar el acceso a la información pública.

Cada año aumentan los indicios sobre la participación de funcionarios de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno en actos de corrupción, aunque no hay estudios para documentar la gravedad del problema. Sin embargo, una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica  y la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, muestra que el 68 por ciento de la población en Yucatán percibe un aumento en la corrupción de los servidores públicos. Según esa encuesta, los tipos más comunes de corrupción en el estado son:

La colusión, es decir, la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos.

El tráfico de influencias. Este ocurre cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.

También son frecuentes los siguientes delitos:

  • Peculado.
  • Fraude.
  • Extorsión
  • Soborno.
  • Falta de ética (cuando un funcionario no conduce sus actos con honestidad, responsabilidad, profesionalismo o espíritu de servicio).
  • Contrabando.
  • Mercado informal o “ambulantaje”.
  • Falsificación de pagos oficiales.
  • Existencia de “trabajadores fantasmas” o “aviadores”.
  • Venta de plazas.
  • “Moches”

La corrupción en el estado se encuentra en todas partes. La practican no sólo funcionarios que abusan de sus posiciones, sino los ciudadanos que abusan de sus posiciones dondequiera que haya dinero fácil de ganar.

Los casos de corrupción, empero, nunca llegan a los tribunales, pese a la creciente percepción social sobre la expansión de la deshonestidad gubernamental, y sólo esporádicamente aparecen en los medios de comunicación.

 Leyes débiles

El aumento de la corrupción en el sector público de Yucatán se debe, entre otras causas, a la vigencia de un marco normativo anti corrupción poco exigente y de escasa aplicación.

Las leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos, de Fiscalización de la Cuenta Pública y de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán son insuficientes para detener la deshonestidad oficial o conseguir información pública relevante, completa y oportuna, que reduzca las áreas de opacidad del gobierno.

LEY ACCESO.1

Aunque estas leyes incluyen diversos métodos de control al ejercicio de recursos públicos, son poco efectivas para la disuasión de la corrupción en la administración pública.

La rendición de cuentas en el Estado consiste, en el mejor de los casos, en la entrega de informes contables periódicos de instancias gubernamentales, muchos de los cuales son documentos generales (de ningún modo son monitores permanentes de la gestión financiera del gobierno); son poco oportunos y difíciles de interpretar. No son herramientas para conocer cómo se toman las decisiones gubernamentales en Yucatán o que sirvan para combatir la opacidad.

 Poca participación

A esto se le agrega la inoperancia práctica de las instituciones públicas, no sólo de las adscritas al Poder Ejecutivo encargadas de combatir la corrupción (como la Secretaría de la Contraloría del Estado y el Instituto Estatal para el  Combate a la Corrupción), sino las del Poder Judicial y las del Legislativo (la Auditoría Superior del Estado) y hasta de los partidos políticos, que carecen de recursos humanos y financieros para realizar una campaña permanente contra de la corrupción oficial.

Esta debilidad institucional se agrava por la escasa participación de la sociedad. En Yucatán no existe una organización civil dedicada exclusivamente a la investigación aplicada sobre corrupción oficial y a su divulgación (como sí las hay en otras partes del país), no obstante que está claro que el compromiso de la sociedad civil es crucial en la lucha contra la deshonestidad pública.

Los gobiernos no pueden contener solos la corrupción. Necesitan el apoyo y la participación activa e independiente de grupos de la sociedad civil y de miembros del sector privado.

 Peligro

La existencia de gobiernos poco efectivos y poco transparentes, como los que se vislumbran en Yucatán, profundiza los graves problemas de desigualdad social, de género y de etnia. Los controles precarios a la discrecionalidad del uso de los recursos públicos, por ejemplo, limitan la productividad de los programas de gobierno, que reciben cuantiosas cantidades de dinero, cuyo destino final pocos vigilan.

La corrupción y la falta de rendición de cuentas ya es un problema que distorsiona el sistema económico del Estado, constituye un factor de desintegración social y afecta gravemente la legitimidad de la democracia, que requiere que las autoridades elegidas por los ciudadanos cumplan su función al servicio de los intereses y necesidades de sus representados y respondan ante ellos por su gestión.

La corrupción y la falta de rendición de cuentas ya es un problema que distorsiona el sistema económico del Estado, constituye un factor de desintegración social y afecta la legitimidad de la democracia.

Si no se hacen esfuerzos para contener la corrupción, ésta crecerá más y consolidará a élites y burocracias políticas y económicas corruptas. Ya desde ahora se observa una erosión en la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, así como la reproducción de una concepción patrimonialista del poder entre muchos funcionarios.

 Asimismo, la deshonestidad oficial reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. Igualmente permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular y revitaliza la cultura de la corrupción, aquella que promueve la tolerancia social hacia el goce de privilegios privados con recursos públicos.

El reto de mantener a raya a la corrupción no puede afrontarse simplemente a través de respuestas institucionales y legales: Todos deben estar comprometidos. La alternativa de no hacer nada, sencillamente no es una opción. Por eso fundamos Mayaleaks.