¿QUIÉN ES EL FUNCIONARIO MÁS SANCIONADO EN EL GOBIERNO DE ZAPATA BELLO?

¿QUIÉN ES EL FUNCIONARIO MÁS SANCIONADO EN EL GOBIERNO DE  ZAPATA BELLO?

Según la Contraloría, Fernando Peraza Cortés, ex director del Registro Civil de Motul, acusado de desvío de recursos. El castigo: destitución, inhabilitación y multa de $352,088

MÉRIDA, YUC. A 25 DE AGOSTO DE 2015. La sanción más alta impuesta hasta ahora por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado, en lo que va de la gestión de Rolando Zapata Bello, es la aplicada a Fernando Peraza Cortés, director de la Oficina del Registro Civil en Motul durante 13 años, acusado de alterar las tarifas de los servicios de esa dependencia y de no enterar la totalidad de los ingresos.

ML CONTRALORIA PERAZA

Expediente en contra de Fernando Peraza Cortés.

Según el expediente 11/11, la Contraloría determinó la existencia de responsabilidad administrativa en el caso de Peraza Cortés y lo destituyó del puesto, le impuso una sanción económica de $352,088 y lo inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres años.

Peraza Cortés asumió la dirección del Registro Civil en Motul, dependiente de la Dirección General del Registro Civil del gobierno estatal, el 26 de octubre de 1999, impulsado por el entonces alcalde de ese lugar, Luis Emir Castillo Palma, con quien trabajaba como chofer, de acuerdo con testimonios recabados por la red de investigadores de Mayaleaks en esa ciudad.

En esa época, Peraza Cortés fungió también como presidente del Consejo Distrital Electoral, con sede en Motul y diez años después, en 2009, apareció en la lista de los precandidatos del PRI a la candidatura por la alcaldía, aunque perdió.

La destitución de este funcionario se decretó el 14 de diciembre de 2012 y su inhabilitación estará vigente  hasta el 13 de diciembre de 2015.

Peraza Cortés formaba parte de un grupo de oficiales del Registro Civil del interior del Estado acusados simultáneamente de hacer “cobros extras” y no ingresar en forma completa el monto de los pagos de derechos a la Tesorería estatal.

A ese grupo pertenecía también Nicolás Pardenilla Medina, responsable del Registro Civil en Tecoh y destituido del cargo en 2012, inhabilitado seis meses y multado con $196,856, de acuerdo con el mismo expediente de Peraza Cortés.

En ese expediente se incluyen además las acusaciones contra Xavier Ariel Carrillo Castro, oficial del Registro Civil en Citilcum, comisaría de Izamal, quien fue destituido en enero de 2013, inhabilitado seis meses y multado con $19,888.

EMPRESAS FANTASMAS. Otros funcionarios públicos castigados en lo que va de la administración de Rolando Zapata, de acuerdo con información oficial obtenida en la Secretaría de la Contraloría General  (Secogey), son Irma Grisela Estrella Montero y Víctor Manuel Pérez Contreras, acusados de cohecho y extorsión y sancionados con un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos, a partir del 12 de noviembre de 2014.

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Adriana Góngora Tolosa, ex funcionaria de Comunicación Social con Ivonne Ortega. Cinco años sin declarar su patrimonio.

Sin embargo, según las estadísticas de la Secogey, la mayor parte de los expedientes levantados en contra de funcionarios de la actual administración estatal están relacionados con el incumplimiento de la declaración patrimonial.

En estos casos sobresalen los nombres de Adriana Alejandra Góngora Tolosa, directora de Mercadotecnia de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco. La Contraloría la inhabilitó seis meses a partir del enero de 2013 por no presentar su declaración patrimonial de 2009, 2010, 2011, 2012 y la correspondiente a la conclusión de su cargo.

Datos obtenidos por Mayaleaks indican que Góngora Tolosa tenía un ingreso mensual de $45,626 y estaba muy involucrada en la creación y operación de empresas “fantasmas” de comunicación y publicidad que facturaban millones de pesos al año al gobierno por servicios que nunca prestaban.

En esta misma categoría de funcionarios sancionados aparece Eduardo Francisco Parra Cetina, director de Planeación Agropecuaria y Pesca de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca en los tiempos de Alejandro Menéndez Bojórquez, relacionado a su vez con múltiples acusaciones de corrupción.

De acuerdo con el expediente 50/2015, la Secogey inhabilitó seis meses a Parra Cetina, quien trabaja en esa dependencia desde el último sexenio de Víctor Cervera Pacheco, cuando la Secretaría estaba a cargo de Jorge Carlos Berlín Montero quien, por otra parte, lo apoyó, sin éxito, para buscar la candidatura del PRI a diputado por el VII Distrito, en 2011.

AVIADOR. En la lista figura también José Luis Quintal Catzín, ex jefe del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, en la gestión de Ivonne Ortega Pacheco. La Contraloría lo sancionó el 30 de marzo de 2015 con seis meses de inhabilitación por no presentar su declaración.

Quintal Catzín, maestro de educación indígena, fue acusado el 7 de noviembre de 1996 por los profesores Tito Dzib Caamal, Isidro Cab Sosa, Wílbert Sosa Buenfil, Marcelo Dzul Chuc y Juan Damaceno Sulub, jefes de supervisión de Educación Indígena en las regiones de Tizimín, Ticul, Peto, Maxcanú y Sotuta, respectivamente, de trabajar para sus intereses particulares y los de su grupo, la llamada Alianza Maya, presidida entonces por Gaspar Xiu Cachón.

El 13 de julio de 2001 la Comisión Negociadora del Magisterio denunció a Quintal Catzín de cobrar en la Secretaría de Educación Pública pero trabajar en la campaña del candidato perdedor del PRI a la gubernatura, Orlando Paredes Lara. Después de eso, dijo la Comisión, Quintal siguió cobrando en la SEP, aunque sin dar clases.

 

En la lista de funcionarios inhabilitados seis meses por no presentar su declaración patrimonial figuran, además, entre otros, los siguientes:

Leticia Guadalupe Páez Lenarduzzi.

Sandra Isabel Rodríguez Ortega.

Javier Adrián López Pérez.

Arturo Alberto Ancona Barceló.

Víctor Alejandro Godínez Hijuelos.

 

 

 

 

 

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