OPACIDAD EN EL GOBIERNO DE YUCATÁN

OPACIDAD EN EL GOBIERNO DE YUCATÁN

Política institucional de Rolando Zapata para ocultar información pública

 Seis de cada diez dependencias del gobierno del estado de Yucatán no cumplen con la Ley de Transparencia o lo hacen con información rezagada, concluye un reciente informe de Mayaleaks.

Esto demuestra el muy bajo nivel de transparencia de las actividades gubernamentales que sería consecuencia, añade el informe, de una política institucional para ocultar información, incluso en forma dolosa.

Una constante de las unidades de acceso a la información del gobierno yucateco es la autorización de prórrogas a las dependencias para atender las solicitudes de información de los ciudadanos que, en muchos casos, llega a extremos graves.

Para enfrentar el problema, las alternativas son pocas y débiles. El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia, se comporta como una autoridad omisa y protectora del gobierno, dice el informe.

Apenas el 42% de las dependencias del gobierno de Yucatán tiene disponible la información obligatoria. El resto, 58%, no cumple con darla o la presenta con rezagos en su actualización.

 

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán establece en sus artículos 9 y 9A que las dependencias tienen la obligación de informar sobre 23 puntos, a diferencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que contempla 17.

Sin embargo, esta última, de acuerdo con las reformas al artículo 6 de la Constitución, ha adquirido nuevas y poderosas facultades para garantizar la transparencia que, por cierto, deberán extenderse al resto del país. Todos los estados, incluyendo Yucatán, están obligados a homologar sus leyes de transparencia con las reformas aprobadas en la ley federal, a más tardar en julio de este año.

MECÁNICA. Para realizar su análisis sobre el estado de la transparencia en el gobierno del estado, Mayaleaks revisó el funcionamiento del Portal de Obligaciones de Transparencia  (http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/ipo.php), entre agosto y septiembre de 2014.

Para eso seleccionó una muestra de nueve dependencias y entidades de la administración pública estatal: despacho del Gobernador, Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán y las secretarías de Desarrollo Rural, Fomento Económico, Obras Públicas, Administración y Finanzas, Salud  y Servicios de Salud de Yucatán, Contraloría General del Estado y Educación.

Para el análisis se determinó una “mecánica de semaforización” que ponderó un puntaje, donde el color verde se asignó a la información obligatoria que se encontraba actualizada y con información disponible en línea, con una calificación de 91 a 100 puntos; el color amarillo para el caso de los puntos obligatorios que cuenta con información, pero no actualizada recientemente, designándoles la calificación 61-90 puntos. Finalmente en color rojo a la información disponible, o no actualizada por evidente olvido de la dependencia, es decir muy rezagada con calificación menor a 60 puntos.

RESULTADOS. Al revisar si las dependencias seleccionadas cumplían los 23 puntos establecidos en la ley estatal de transparencia se obtuvo que apenas el 42% de ellas tenía información disponible. El resto, 58%, no cumple con la información, es decir, o no está disponible o tiene rezago en su actualización.

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Otro hallazgo es que, luego de presentar 32 solicitudes de información a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (Unaipe) en los meses de agosto y septiembre de 2014, al vencer el plazo que marca la ley, solo se recibió una respuesta positiva, la del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, que puso a disposición del peticionario la información solicitada. Sin embargo, en el resto de las dependencias las respuestas fueron10, con prórroga; 10, resueltas incorrectamente; una resuelta correctamente y 11 fueron  turnadas a la entidad respectiva, sin responder al peticionario.

Por resoluciones incorrectas nos referimos a las que declaran inexistente la información o refieren al portal de internet que no cuenta con todos los datos, como el Observatorio de Compromisos.

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Dados estos resultados, la pregunta es si existe alguna política interna en el gobierno del estado para que casi todas sus  dependencias y entidades soliciten prórroga para entregar la información que se les pide y que por su naturaleza es pública. ¿Hay algún interés por ocultar información que debiera ser pública simple y llanamente? ¿Por qué no colocar en el portal las informaciones de ley?

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SECRETOS. Las respuestas pidiendo prórrogas van de los casos mínimos a los extremos. Los plazos más cortos fueron de15 días, pero muchos son de 90 días y otros hasta de 120 días, como el caso del Isstey.

Entre las solicitudes de información presentadas para realizar este análisis, figuran varias que fueron negadas, no obstante de tratarse de asuntos supuestamente de carácter público.

Por ejemplo, se  solicitó el contrato firmado entre la empresa Prestadora del Servicio (PPS) y el gobierno del estado para la construcción y operación del Museo del Mundo Maya.

Hace dos años, miembros de una agrupación cívica hicieron la misma solicitud y les fue negada, con el argumento de que el contrato estaba clasificado como “confidencial” y no podía ser entregado hasta antes de dos años.

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En febrero de 2014, para dar seguimiento a esa solicitud, Mayaleaks pidió nuevamente el contrato al Instituto de Historia y Museos de Yucatán, el responsable del museo, y la Unaipe respondió con la  entrega de una liga a internet para acceder a un documento de más de 165 páginas, escaneado posiblemente del documento original y con letra poco legible, aunque no lo entregaron físicamente. Más aún, en septiembre de 2014, ese link de la página de internet desapareció. Es decir, estuvo “a la vista” y disponible solo por un tiempo y no como cumplimiento de una obligación de ley, sobre todo por tratarse de un asunto delicado, como lo es el contrato de una deuda a 20 años.

TICUL. Esa publicación por razones desconocidas no está disponible y la liga a internet que Cultur Yucatán envió dice: la “cuenta está suspendida”

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Otro caso más grave es el del contrato del Proyecto de Prestación de Servicios para  la construcción, equipamiento, administración y operación del Hospital General de Ticul.

En agosto de 2014, Mayaleaks solicitó copia de ese documento a varias dependencias y en especial a la Secretaría de Salud y a los

Servicios de Salud de Yucatán, quienes respondieron que “el contrato era inexistente”.

También al analizar cl contenido del llamado Observatorio de Compromisos, del gobierno estatal (www.observatorio.yucatan.gob.mx), el informe de Mayaleaks concluye que este carece de información pormenorizada. Solo es un recuento publicitario de acciones a “grosso modo”, sin el rigor que impone la ley de transparencia.

No obstante se le solicita al Ejecutivo que detalle las acciones que presume en el Observatorio, pero se negó a responder en forma recurrente, remitiendo al propio portal del gobierno, que únicamente menciona la lista de acciones, sin el detalle de cada una, que es lo que debiera ser.

Ante el  hecho de que el portal “Observatorio” no precisa la información que proporciona, se recurrió a la Unaipe para solicitar la aclaración correspondiente, pero el gobierno del estado, de nuevo, redirigó al solicitante al portal de transparencia, como se aprecia en el oficio  de la Unaipe, que se pone abajo.

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CONCLUSIÓN.  Con solo unos cuantos ejemplos, de una larga lista que se tienen, se puede determinar el reiterado incumplimiento de las obligaciones de ley, confirmando que el gobierno del estado oculta información de manera intencional, dolosa e incluso sin observar rigor, ni siquiera el más simple.

El recuento de acciones vía publicidad no es transparencia, menos lo es responder que los documentos “son inexistentes” o están bajo resguardo por ser “reservados”, aun a pesar de que se trata de información que debieran conocer los ciudadanos, en forma accesible y sencilla.

Pese a esta actitud del Ejecutivo, y no obstante recurrir a los plazos de ley, las autoridades jerárquicas para supervisar, revisar y, en su caso, recomendar, reiterar y sancionar estas negativas, tampoco han actuado.

Llama la atención, la pasiva actitud del Inaip, que en todos los casos no actúa ni da seguimiento a las peticiones, menos informa o requiere a los sujetos obligados de sus omisiones de ley –sean involuntarias o no–, dejando al ciudadano sin las respuestas mínimas que cumplan con los preceptos legales.

Este organismo, al menos en los casos investigados, no ha cumplido con su propia legislación y se porta más como una autoridad omisa y protectora del sujeto incumplido y como cómplice de las violaciones a la ley.

 

 

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