MÁS DE $8 MILLONES COSTÓ A LA COMUNA SU FALLIDA DEFENSA DE LAS LUMINARIAS

MÁS DE $8 MILLONES COSTÓ A LA COMUNA SU FALLIDA DEFENSA  DE LAS LUMINARIAS

Aunque perdió el juicio, Renán Barrera pagó una cuantiosa cantidad a dos abogados meridanos

MÉRIDA, YUC. A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017.– El gobierno de Renán Barrera Concha gastó más de ocho millones de pesos en el pago de los honorarios de dos abogados meridanos, responsables de llevar la fallida defensa jurídica de la Comuna por el caso de las luminarias, según información obtenida por Mayaleaks.

Renán Barrera Concha, ex alcalde de Mérida

El Ayuntamiento firmó contratos en 2013 y 2014 con José Manuel Rodríguez Villamil -un corredor público con poca experiencia en litigio mercantil y autor,  al parecer, de la fracasada estrategia de cancelar anticipadamente el contrato de arrendamiento de las luminarias -,  y con Jorge Carlos Estrada Avilés.

Este último se hizo cargo de la defensa de la Comuna  ante la  demanda de banco Santander, que pedía el pago de las rentas atrasada, previsto en el contrato de arrendamiento (que firmó Angélica Araujo Lara  en 2011), y que se había suspendido por la cancelación anticipada de éste.

Originalmente el gobierno de Barrera Concha había pactado con esos abogados el pago de un total, entre los dos, de $14,163,092, IVA incluido, si el Ayuntamiento ganaba el pleito contra ABC Leasing, la empresa responsable del arrendamiento de casi 80,000 luminarias chinas de inducción magnética, y contra Santander, que luego adquirió los derechos de cobro.

Como el litigio no favoreció al Ayuntamiento, los abogados cobraron solo el  58.7% de la cantidad pactada, es decir, $8,320,640.

ESTRATEGIA FALLIDA. Esta cantidad que ahora se conoce por primera vez, se suma a los $111,051,328, que la administración de Araujo Lara y luego la de Barrera Concha pagaron a Santander, antes de la cancelación del contrato de arrendamiento, más los $280 millones por concepto de rentas atrasada y otros $220 millones de multas e intereses moratorios.

El Ayuntamiento llevó el caso de las luminarias hasta la Suprema Corte  de Justicia, pero ésta decidió mantener firme la sentencia de un tribunal colegiado que condenaba a la Comuna al  pago de las rentas e intereses vencidos.

El corredor público, Manuel Rodríguez Villamil, estratega legal del Ayuntamiento en el caso de las luminarias, obtuvo en forma extemporánea licencia para separarse del cargo.

Algunas fuentes consultadas por Mayaleaks aseguran que la derrota del Ayuntamiento en los tribunales se debió a una fallida estrategia legal, que se basó principalmente en la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento, aun cuando la defensa no contaba con todas las pruebas periciales completas.

El autor de esta idea habría sido Rodríguez Villamil, que no es conocido en el medio  por ejercer como abogado litigante y mucho menos por ser especialista en procesos legales contenciosos.

LICENCIA. Rodríguez Villamil firmó un contrato de honorarios por sus servicios de asesoría jurídica con el Ayuntamiento el primero de abril de 2013, un mes y medio antes de que la Secretaría de Economía le otorgara la licencia para separarse del cargo de corredor público, que emitió el 16 de mayo de ese año, por lo que incurrió en una ilegalidad.

La ley establece que las tareas propias de un  corredor público, que ejerce las funciones de fedatario público en materia de contratos mercantiles y valuación, así como las de mediación mercantil o arbitro mercantil, son incompatibles con las de un abogado litigante. Se supone que este tipo de funcionarios debe ser imparcial, no tener intereses personales en los asuntos que interviene, etcétera, por lo si acepta un caso litigioso debe solicitar licencia para separarse del cago. Rodríguez lo hizo pero en forma extemporánea.

Fragmento del contrato de honorarios de Rodríguez Villamil.

PAGOS. El contrato de Rodríguez Villamil con la Comuna fue por  casi $8.5 millones. A cambio de esta cantidad, él debía ofrecer al municipio un servicio de asesoría jurídica consistente en la emisión de opiniones, análisis de cualquier naturaleza en contra del Ayuntamiento, relacionadas con la terminación anticipada del contrato DA-Luminarias 2011-01-01, así como la elaboración de todos los recursos posibles, incluyendo el juicio de amparo.

La cláusula II del contrato establece específicamente que Rodríguez Villamil es “responsable de la estrategia jurídica”, relacionada con la terminación anticipada del contrato de arrendamiento con ABC Leasing, por lo que se le pagaría $8,438,784, más IVA ($1,147,674), de acuerdo con las siguientes especificaciones: $426,565.36 por el estudio, opinión y análisis relacionados con la terminación anticipada del contrato; $876,261.11, por  la elaboración de la contestación de las demandas que se hagan al Ayuntamiento por este  motivo y otros $426,565.36 por el recurso de amparo si fuese necesario o el recurso legal que corresponda. Todo esto hace un total de $1,729,391, más IVA. A esta cantidad se le sumaban $2,490,000, “por el seguimiento diario del caso y hasta la conclusión de todo lo relacionado con el tema”. Total: $4,219,391.

 El  resto, una parte similar, se pagaría, según el contrato, “si el municipio obtiene sentencia firme ejecutoria, en la que se confirme la legalidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento, antes del 31 de marzo de 2015”, lo que no ocurrió.

El 25 de abril de 2013, Barrera Concha, siguiendo los consejos de Rodríguez Villamil, anunció la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias.

El  contrato se firmó el primero de abril de 2013, pero el plazo de vigencia era del primero de marzo de 2013 al 31 de agosto de 2015. Éste incluía también la responsabilidad de Rodríguez Villamil de emitir opiniones, análisis y estudios respecto del procedimiento de adquisición de las nuevas luminarias, que sustituyeron a  las de ABC Leasing, así como todos los demás actos y procedimientos deducidos de esta adquisición.

Asimismo, el contrato establecía que los gastos y honorarios adicionales que se puedan necesitar los cubriría el Ayuntamiento.

CAMBIO DE PLAN. La estrategia jurídica de Rodríguez Villamil no funcionó porque la Comuna perdió en casi todas las instancias. Al final, el caso llegó a la  Suprema Corte, que recibió también el juicio de Santander y decidió no conocer el caso y mantener firmes las sentencias de los tribunales colegiados.

La propuesta de cancelar anticipadamente el contrato de arrendamiento con ABC Leasing no previa que Santander demandaría al Ayuntamiento y a la propia ABC Leasing y que eso  abriría un segundo y complicado frente jurídico a la administración de Renán Barrera Concha.

Para enfrentarlo, éste tuvo la necesidad de contratar a otro abogado, aunque los detalles del pleito eran sustancialmente los mismos. Este fue Jorge Carlos Estrada Avilés, quien se hizo cargo, según muchos indicios, de la defensa de la Comuna. No obstante, Rodríguez Villamil cobró sus $4,894,398, IVA incluido. (ML)

Siguiente entrega: Relevo en el equipo.

 

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