LA CONSTRUCTORA DEL HOSPITAL DE TICUL PIDE AL GOBIERNO $253 MILLONES

LA CONSTRUCTORA DEL HOSPITAL DE TICUL PIDE AL GOBIERNO $253 MILLONES

Sería la “compensación” por la terminación anticipada del contrato que autorizó Ivonne Ortega para edificar y operar ese nosocomio

MÉRIDA, YUC. A 25 DE JULIO DE 2016.— A un año de que los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) rescindiera el contrato de construcción y operación del Hospital Regional de Ticul a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, esta compañía ha demandado al Gobierno del Estado el pago de 253 millones de pesos, como compensación por la terminación anticipada de ese contrato.

ML MARHNOS ROLO DOS

Rolando Zapata Bello ordenó la rescisión del contrato para la construcción del Hospital Regional de Ticul.

Esta demanda se presentó inicialmente en forma extrajudicial, como parte de las negociaciones entre la empresa constructora y SSY, que le rescindió el contrato el 6 de julio de 2015. Hasta el momento no se conocen los resultados de esas negociaciones, pero Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V.  (IHP) ha dicho que si no prospera su demanda, analizará otras alternativas, incluso jurídicas para recuperar la inversión que ha hecho en ese hospital.

La rescisión fue ilegal toda vez que el gobierno de Rolando Zapata Bello, alega la empresa, pidió cambios en las especificaciones de la obra, pero no firmó un convenio modificatorio. Por esta causa, IHP perdió su línea de financiamiento y, por ende, su capacidad para terminar a tiempo la construcción del hospital, que al 31 diciembre tenía un grado de avance del 56 por ciento. Hoy corre el riesgo de convertirse en otro “elefante blanco” atribuido a la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Ésta, como hemos informado en Mayaleaks, ordenó a Servicios de Salud de Yucatán —pocos días antes de dejar su cargo, en agosto de 2012— firmar con Infraestructura Hospitalaria de la Península el contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) para llevar a cabo “el Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul”, por un período de 25 años, que concluiría el 14 de septiembre de 2037.

MULTAS. En ese lapso, el gobierno estatal se comprometía a pagar 5,571.5 millones de pesos a IHP, a razón de 185.5 millones por año, a cambio de que esa empresa construyera, con recursos propios, un hospital de 90 camas censables y lo operara por 25 años.

De acuerdo con el contrato, la empresa debía entregar el hospital en marzo de 2014, pero no lo hizo. Al parecer, el gobierno de Zapata Bello, que sucedió a Ortega Pacheco, consideró excesivo el tamaño de ese centro hospitalario para las necesidades de la zona y también el costo, y solicitó a IHP, filial de la empresa capitalina Grupo Marhnos, hacer un edificio más pequeño.

ML MARHNOS PROYECTO

Proyecto arquitectónico de lo que sería el Hospital de Ticul.

El nuevo plazo de entrega se fijó para el 15 de enero de 2015. Una cláusula del contrato establecía que ante la demora en la entrega, el gobierno podría aplicar una multa de 25,000 pesos por cada día de atraso y rescindir unilateralmente el contrato, si luego de tres meses de la fecha de entrega pactada (plazo que vencía el 16 de abril de 2015), el constructor seguía sin cumplir con la terminación del edificio.

Infraestructura Hospitalaria de la Península anunció el 17 de enero de 2015 que negociaría con el gobierno un convenio modificatorio para otorgar una nueva prórroga a la terminación del edificio, esta vez de 300 días naturales, quedando el 15 de octubre de 2015 como fecha final de terminación.

INFORME CONFIDENCIAL. Según un informe confidencial de la empresa, en poder de Mayaleaks —”Marhnos, Comité Técnico del Fideicomiso F422, MHNOSCK 10. Diciembre 11 de 2015″— a partir de ese momento “existieron diversas negociaciones y cambios al proyecto, siendo lo más relevante la del cambio en el número de camas que se requerían para el hospital, la contratación de la plantilla médica y otros. Al mismo tiempo, el financiamiento originalmente pactado no pudo ser dispuesto ya que el banco financiador resolvió que para eso se requería la firma de un convenio modificatorio entre IHP y SSY, que estipulara claramente las variables del proyecto, de acuerdo a las nuevas necesidades planteadas”, pero ese convenio nunca se presentó.

Derivado de la falta de acuerdos, el 10 de abril de 2015, Servicios de Salud de Yucatán solicitó, a través de la vía ordinaria civil, el pago de la pena convencional al amparo del Contrato de Prestación de Servicios.

ML MARHNOS RUINAS

Otro “elefante blanco” de Ivonne Ortega

Ante esta demanda, IHP respondió que una de las causas del atraso de la obra había sido, precisamente, la petición del gobierno de cambiar el proyecto original del hospital, primero de 90 a 60 camas y luego a 30, y contra atacó por la vía legal.

RESCISIÓN DE CONTRATO. El 14 de abril la empresa presentó una solicitud de arbitraje sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital, ante la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia.

En razón de ello, mediante oficio de fecha 6 de mayo de 2015, SSY notificó a Infraestructura Hospitalaria de la Península el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato PPS, mismo que fue resuelto declarándose la rescisión administrativa mediante resolución de fecha 6 de julio de 2015.

A partir de esto, IHP inició al juicio correspondiente para la valoración de la obra y la cuantificación del pago por terminación anticipada en virtud de la rescisión administrativa, a fin de proteger jurídicamente su inversión.

ML MARHNOS INFORME

Informe de Marhnos.

“Atendiendo a los alegatos y presentación de pruebas sobre el importe total de la inversión”, dice Marhnos en su informe confidencial, “se realizaron avaluos por valuadores independientes con el fin de poder conciliar entre las partes el valor de la inversión efectuada al 31 de diciembre de 2015, por lo que el fideicomiso ejercerá los procesos judiciales correspondientes con el fin de recuperar el importe no reconocido como parte de la inversión realizada conforme lo estipula el anexo 15 (pagos por terminación) del contrato PPS”.

NEGOCIACIONES. Según ese informe, el 23 de febrero de 2016, el despacho Currie & Brown, en su carácter de supervisor externo del proyecto, emitió un dictamen que considera un pago por “terminación anticipada” por la cantidad de $253 millones.

En su informe, Marhnos afirma que se encuentra analizando el dictamen de Currie & Brown, así como otras alternativas para defender su patrimonio.

Por lo pronto continúan su curso “las acciones legales emprendidas entre IHP y SSY”, añade, y también las negociaciones entre ambas entidades.

 

 

 

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