LA AUDITORÍA SUPERIOR DENUNCIA PENALMENTE AL GOBIERNO DE ZAPATA BELLO

LA AUDITORÍA SUPERIOR DENUNCIA PENALMENTE AL GOBIERNO DE ZAPATA BELLO

Le atribuyen un presunto desvío de recursos federales por más de 33 millones de pesos en 2014

MÉRIDA, YUC.  A 26  DE MARZO DE 2018.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó penalmente al Gobierno del Estado de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello por presunto desvío de recursos por 33 millones, 530 mil, 600 pesos.

La ASF interpuso esa denuncia el 11 de mayo de  2017 y actualmente se encuentra en su etapa de “integración” del expediente”, según información reciente de ese organismo.

El gobierno de Rolando Zapata gastó más de 24 millones de pesos de recursos federales, en 2014, en un proyecto de tratamiento para granjas porcícolas que benefició a particulares.

La denuncia tiene relación con la deficiente aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 2014, en obras y adquisiciones no permitidas por el Fondo, por lo que se solicitó al gobierno la reintegración de ese dinero a la Tesorería de la Federación, aunque éste, al parecer, no cumplió.

Además de la actual administración del Gobierno del Estado, la ASF ha demandado penalmente a varios ayuntamientos, los primeros en 2013 y los últimos el año pasado, por una suma total de que asciende a 128 millones, 900 mil pesos.

CONCEPTOS. De acuerdo con la ASF, los 33 millones, 530,600 pesos incluidos en la denuncia penal en contra de la administración de Zapata Bello, corresponden a los siguientes gastos, realizados sin cumplir con la normatividad del FAFEF:

– 24 millones, 845 mil, 700 pesos destinados a la ejecución del proyecto denominado “Construcción de Sistemas de Tratamiento para Desechos Sólidos y Líquidos en Pequeñas y Medianas Granjas Porcícolas ubicadas en diversos municipios del Estado de Yucatán”, los cuales fueron instalados en 100 granjas porcinas para el saneamiento de sus propios desechos; acciones que beneficiaron directamente a particulares, por lo que no son financiables con los recursos del fondo.

– 2 millones, 864 mil, 300 pesos en gastos indirectos realizados por el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), por concepto de  tres estudios y proyectos que no corresponden a obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2014, por lo que no son financiables con los recursos del fondo. Aunque debido a la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado acreditó el reintegro a la cuenta bancaria del FAFEF 2014 de la cantidad de 2 millones, 864 mil, 300 pesos, más los intereses por 116 mil 800 pesos, quedó pendiente la aplicación de los recursos con base en los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

– 5 millones, 828 mil, 600 pesos ejercidos para el pago de nómina de personal contratado para el proyecto denominado “Programa de Control de las Obligaciones 2014 para emitir y notificar las diligencias de los requerimientos derivados de la vigilancia de obligaciones necesarias a fin de regularizar, recaudar y cobrar los impuestos a los sujetos obligados, así como controlar y cobrar los adeudos fiscales originados por las mismas obligaciones”, erogaciones que corresponden a gasto corriente, concepto que no es financiable con los recursos del fondo, dice la ASF.

AUDITORÍA. Este organismo, en su  auditoría financiera número 14-A-31000-14-1135, establece que el Gobierno del Estado de Yucatán administró los recursos del FAFEF en 2014, con insuficiencias, “principalmente en la aplicación de recursos en obras y acciones no financiables con los recursos del fondo”, que no reintegró totalmente a la Federación, y por eso la denuncia penal en su contra.

En un informe anterior, Mayaleaks publicó que además de esta denuncia, la Auditoría Superior de la Federación afirma que el gobierno de Zapata Bello tiene pendiente de solventar 803 millones, 800 mil pesos de participaciones federales entregadas en el periodo 2012-2016, en tanto que en materia de gasto federal programable, el Gobierno del Estado, algunos ayuntamientos y las universidades públicas tienen pendientes de solventar mil 468 millones, 200 mil pesos.- (ML).

 

Artículos Relacionados