INAIP: TRECE MESES SIN ATENDER UN RECURSO DE INCONFORMIDAD

INAIP: TRECE MESES  SIN ATENDER UN RECURSO DE INCONFORMIDAD

Más pruebas de la inoperancia de ese organismo

MÉRIDA, YUC. A 28 DE OCTUBRE DE 2015.—  Otro grave ejemplo que muestra la inoperancia y el empantanamiento del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), es el procedimiento de inconformidad interpuesto por el Frente Cívico Familiar (FCF) ante ese instituto, por la decisión del Isstey de ampliar a 120 días el plazo para responder a una solicitud de información del Frente, presentada en agosto de 2014.

El Inaip admitió ese recurso el 14 de septiembre, pero hasta ahora, ¡más de un año después!, no hay re”spuesta de los consejeros de ese organismo, aunque el Isstey ya entregó la información solicitada, al cumplirse el plazo de los 120 días.

ML INAIP QUEJA 3 MAYA

Este caso se suma a otro muy parecido, publicado  también en Mayaleaks. Se trata del recurso de inconformidad presentado por el mismo FCF el 25 de noviembre de 2014, inconforme por la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Unaipe), a una solicitud de información que pedía copia del contrato para construir el Hospital de Ticul, y que hasta ahora no se resuelve.

Pese a esto, y a otras fallas del Instituto, este organismo solicitó recientemente un aumento del 45 por ciento de su presupuesto para 2016, “lo que a todas luces es injustificable”, dice el FCF, en un informe sobre las inconsistencias del Inaip.

De acuerdo con ese documento, el caso del Isstey se inició el 20 de agosto de 2014, cuando el Frente Cívico presenta en la Unaipe, una solicitud de acceso a la información, con el folio número 12899 y el siguiente texto: se solicitan “los estados de posición financiera y los informes de ingresos y egresos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2014 del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).”

“BÚSQUEDA EXHAUSTIVA”.  El tres de septiembre de ese año, la directora general de la Unaipe, Mirka Elí Sahuí Rivero, emitió una resolución en la que, en lugar de propiciar que el Isstey entregue la información solicitada en un plazo de 10 días hábiles como marca la ley para la generalidad de los casos, le otorga la ampliación del plazo a 120 días naturales, como pidió ese Instituto, con el objeto, dice el texto de la resolución, “de realizar una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los archivos correspondientes del departamento encargado de generar y guardad dicha información, mismos que por su esencia no se encuentran al alcance inmediato del personal a cargo, lo anterior con el objeto de cumplir con la respuesta a la solicitud que nos ocupa, garantizándole certeza respecto a la información requerida(sic).”

El FCF se inconformó con esta respuesta y presentó un recurso de revisión ante el Inaip el 18 de septiembre de 2014, en el que pide la revocación de la resolución emitida por Sahuí Rivero y la entrega inmediata de la información solicitada.

En su recurso de inconformidad, el Frente Cívico argumenta que esa resolución viola los artículos 39, 40 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Yucatán.

ML INAIP QUEJA 3 LEY

VIOLACIÓN A LA LEY. El artículo 39, dice el FCF, señala que “si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la Unidad de Acceso a la Información Pública deberá requerir al solicitante, por única vez, por escrito dirigido al domicilio indicado por el mismo en la solicitud respectiva, por estrados en caso de no haber proporcionado domicilio o por vía electrónica, dentro de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud”.

En su recurso de inconformidad, el Frente advierte que el acuerdo de la Unaipe no cumple con este artículo ya que no requirió al firmante que aclare su solicitud de información.

También viola el artículo 40 al aceptar como válida la explicación del Isstey de que necesita ampliar el plazo de entrega a 120 días hábiles.

Ese artículo establece claramente, señala el Frente Cívico, que “cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa del sujeto obligado, ésta deberá remitir a la Unidad de Acceso en cuestión, un oficio en donde funde y motive la inexistencia de la misma”.

INJUSTIFICABLE.  De lo anterior, agrega el FCF en su recurso de inconformidad, “se desprenden serias omisiones por parte de la unidad de información responsable, ya que al otorgar la contestación a la solicitud, de ninguna forma funda ni motiva dicha prórroga por 120 días, lo que, como se dijo, viola dichos preceptos”.

La información que solicitamos al Isstey debe estar al alcance de cualquiera, dice el informe del Frente Cívico, si el Isstey hubiese cumplido con el artículo 10 de la Ley de Fiscalización, que obliga a todas las entidades del Gobierno del Estado a entregar los estados financieros mensuales del primer semestre antes del 31de julio del año en curso, a la Auditoria Superior del Estado de Yucatán.

Por lo tanto, indica el Frente, es injustificable la solicitud de ampliación del plazo a 120 días, como hizo ese instituto. El artículo 10 de esa misma ley dice: “las entidades fiscalizadas estarán obligadas a conservar los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, en tanto el artículo 9 establece:

El Informe de Avance de la Gestión Financiera consolidado será rendido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y los Ayuntamientos, para dar a conocer el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los programas a su cargo.

“El Informe de Avance de la Gestión Financiera contendrá:

I.- El flujo contable de ingresos y egresos de los Poderes y de los Ayuntamientos, relativo al ejercicio del presupuesto de egresos del año correspondiente, y

II.- El grado de cumplimiento de los programas, con base en los indicadores de avance físico y financiero.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, rendirán su informe de avance de la gestión financiera de los meses de enero a junio, a más tardar el 31 de julio del año fiscal en que ejerzan su presupuesto de egresos y los Ayuntamiento en forma trimestral, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la terminación de dicho período.

Las dependencias, entidades y órganos que integran la Administración Pública Estatal; del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como los integrantes de la administración centralizada y paramunicipal, deberán remitir información para integrar el Informe de Avance de la Gestión financiera en los términos que señala el Reglamento de esta Ley.

Según el Frente Cívico, la ampliación del plazo a 120 días al Isstey para atender la solicitud de información, viola también el artículo 42 de la Ley de la Ley de Acceso a la Información, que en su cuarto párrafo establece: “cuando existan razones suficientes que impidan entregar la información en este plazo, se informará al solicitante y el plazo se ampliará por única ocasión hasta quince días más. Sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, y previa notificación al solicitante, el plazo antes mencionado será de hasta ciento veinte días naturales”.

ML INA 3 DOC 1

INAIP, ¿PARA QUÉ SIRVE? El FCF, como ya dijimos, presentó ante el Inaip un recurso de inconformidad por este caso, desde el 18 de septiembre de 2014, pero hasta la fecha los consejeros de ese organismo no han emitido alguna resolución, aunque han pasado más de trece meses.

En ese lapso, el Isstey cumplió con el plazo de 120 días y respondió a la solicitud del Frente y entregó los informes financieros del primer semestre de 2014, el 5 de enero de 2015, según una resolución de la Unaipe de esa fecha.

La pregunta entonces es, dice el FCF, ¿para qué sirve el Inaip?, ¿está ese organismo capacitado para defender los derechos del ciudadano y de garantizar el cumplimiento de la ley? ¿Lo es si no puede atender a tiempo los recursos de inconformidad?

 

MAÑANA: Ante 22 solicitudes de información, silencio del gobierno.

 

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