DOCUMENTAN PRESUNTO DESVÍO EN FONDO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

DOCUMENTAN PRESUNTO DESVÍO EN FONDO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

La Auditoría Superior de la Federación conmina al gobierno de Zapata Bello a informar qué hizo con más de $30 millones

MÉRIDA, YUC. A 7 DE MARZO DE 2016.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha pedido al Gobierno del Estado que aclare el destino de más de $30 millones de un fondo federal para la seguridad pública, entregados a la administración de Rolando Zapata Bello desde 2013 y que no se gastaron conforme a la normatividad.

La ASF detectó el desvió de esos recursos en una auditoría realizada a la cuentas de ese fondo, en los primeros meses de 2014, y en febrero de 2015 urgió al gobierno a informar cómo ejerció se dinero, aunque aún no se conoce la respuesta.

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SUB EJERCICIO. De acuerdo con información recaba por la red de investigadores de Mayaleaks, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) firmó con el gobierno estatal en noviembre de 2012 un convenio para transferir a Yucatán $165,389,100, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

 Firmaron ese convenio, por parte del Gobierno del Estado, Zapata Bello y los entonces secretarios de Gobierno y de Administración y Finanzas, Víctor Caballero Durán y Roberto Rodríguez Asaf, respectivamente.

Sin embargo, según la auditoría de la ASF, marcada con el número 13-A-31000-14-0515-06-001 —incluida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013—, hasta el 31 de diciembre de 2013, el gobierno estatal solo había gastado $107,151.800 del FASP, el 64.8 % del total, quedando por ejercer $58,216,928.

PROBABLE DESVÍO. Mediante un nuevo convenio, el Sesnsp acordó una prórroga con el gobierno para ejercer el resto de los recursos en los siguientes meses. Empero, hasta el 30 de abril de 2014 —dice el informe de la ASF—, de esos $58,216,928 únicamente se habían gastado $30,602,800, quedando por ejercer otros $30,017,800, divididos así: $27,634,500, saldo del Fondo, y $2,383,600, de rendimientos financieros.

Sin embargo, cuando la ASF revisó las cuentas bancarias del Fondo, encontró un saldo de  $2,839.800, es decir, faltaban $24,794,500, más $2,383,300 de intereses, para un total de $27,177,800.

Además del presunto desvío por $30,017,800, la ASF detectó otro por $17,777,800, derivado de la “inobservancia de la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones”, en el ejercicio de los recursos del FASP.

 

En el transcurso de la auditoría, realizada en el  primer semestre de 2014, el gobierno yucateco reintegró $15,081,900 a la cuenta del Fondo, que sumados a los $2,839,800, totalizan $17,921,700,  faltando por regresar $9,257,100, con todo e intereses.

Hasta el año pasado el gobierno de Zapata Bello no había mostrado evidencias que acrediten el gasto de esta última cantidad, por lo que se presume, dice la ASF, de un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por ese monto.

Lo mismo ocurre con los $15,081,900 que el gobierno regresó al Fondo, con recursos propios —y que había desviado a otros fines—, pero que una vez reintegrados a las cuentas del Fondo, no se han gastado en los objetivos de seguridad pública.

NOTIFICACIÓN. El 18 de febrero de 2015, en el oficio número OASF/0399/2015, cuya copia obra en poder de Mayaleaks, la ASF emitió una notificación “al Gobierno del Estado de Yucatán para que aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FASP, y sus rendimientos financieros, por $30,017,800, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”, antes de que la ASF le finque un procedimiento administrativo.

Además de este presunto desvío, la Auditoría Superior detectó otros perjuicios a la hacienda pública por un monto de $17,777,800, derivado de la “inobservancia de la normativa, principalmente en materia de obra pública y adquisiciones”.

Es el caso, por ejemplo, de “la compra de chalecos balísticos para la Secretaría de Seguridad Pública, que se realizó mediante adjudicación directa, sin contar con los elementos suficientes que acrediten las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

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En duda la aplicación de cuantiosos recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Asimismo, al revisar la partida específica “Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos”, se constató que se ejercieron $1,828.400 en 2013  en la compra de vehículos y camionetas, pero las transferencias bancarias solo amparan gastos por $1,048.900

FALLAS. En la revisión de la partida “Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales”, se constató que se ejercieron $4,051,000, pero no se tuvo evidencia de las cédulas técnicas debidamente requisitadas y validadas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que también se presume un probable daño a los recursos federales.

Otra irregularidad es la detectada en la obra denominada “485 ml de malla ciclónica calibre medio para las áreas del campo de fútbol y andadores del Centro de Reinserción Social en Tekax”, que fue adjudicada indebidamente mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, debiendo ser con la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. Esta obra, además, no se formalizó mediante un contrato o pedido.

OPACIDAD. Según la ASF, en general, se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el gobierno yucateco no proporcionó tres de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.

En la misma auditoría se descubrió que el gobierno estatal no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.

 

 

 

 

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