AUTORIDADES YUCATECAS NO COMPRUEBAN EL GASTO DE MÁS DE 2,200 MILLONES

AUTORIDADES YUCATECAS  NO COMPRUEBAN EL GASTO DE MÁS DE 2,200 MILLONES

El Gobierno del Estado, séptimo lugar nacional con más dinero federal sin solventar entre 2012 y 2016, revela la Auditoría Superior de la Federación

MÉRIDA, YUC. A 21 DE MARZO DE 2018.– Las autoridades yucatecas tienen pendiente de solventar dos mil 271 millones, 800 mil pesos de recursos federales, ejercidos en forma indebida de 2012 a 2016, informa la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta suma forma parte de los 140 mil 338 millones, 600 mil pesos aún sin solventar, atribuidos por ese organismo a 28 gobiernos del PRI en ese periodo.

De esa cantidad, 120 mil 469 millones, 900 mil pesos corresponden a un monto sin aclarar de gasto programable y 19 mil 868 millones, 700 mil pesos de participaciones federales sin solventar, ejercidos únicamente por los gobernadores.

El gobierno de Rolando Zapata no ha solventado más de $803 millones de recursos federales de 2012 a 2016.

En el caso de Yucatán, en su Informe General de la Cuenta Pública 2016, la ASF dice que de esos dos mil 271 millones, 800 mil pesos, la suma de mil 468 millones, 200 mil pesos son gasto programable sin comprobar, ejercido por el gobierno del estado, algunos ayuntamientos y universidades públicas; y 803 millones, 800 mil pesos son de participaciones federales entregadas al gobierno de Rolando Zapata Bello, que no han sido solventados.

De acuerdo con la ASF, los cinco mandatarios priistas que más acumulan montos sin resolver de gasto programable, junto con los municipales y las universidades públicas, son Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quien estuvo de diciembre de 2010 a octubre de 2016 (36 mil 266 millones); Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, que estuvieron de abril de 2013 a junio de 2014 (21 mil 13 millones); Eruviel Ávila Villegas del Estado de México, quien estuvo de septiembre 2011 a diciembre 2017 (12 mil 234 millones); Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, quien está desde marzo de 2013 (10 mil 787 millones de pesos); y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, quien estuvo de octubre de 2009 a octubre de 2015 (5 mil 193 millones).

De acuerdo con la ASF, un indicador estratégico que permite valorar, de manera general, la calidad de la gestión de estos recursos es el de monto observado en relación con la cantidad auditada.

SÉPTIMO LUGAR. En su informe, la Auditoría Superior no incluye este indicador para el gasto programable, pero si lo hace con las participaciones federales y coloca al gobierno yucateco en el séptimo lugar nacional, entre los estados con más dinero federal sin solventar, con relación a la muestra auditada.

El monto de las participaciones federales entregadas al gobierno de Zapata Bello, pendientes de solventar, -803.8 millones de pesos- corresponden a 16.1% de la muestra auditada en el periodo de 2012-2016.

Arriba de Yucatán, en los tres primeros lugares de esa lista figuran el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, 2,062.7 millones sin solventar, equivalente a 63.5% de la muestra auditada; el veracruzano Javier Duarte, 7 mil 458.5 millones, 35.7% de la muestra y el neolonés Rodrigo Medina, 5 mil 823 millones igual al 31% de la muestra auditada.

PRINCIPALES PROBLEMAS. La ASF explica que el Gasto Federalizado corresponde a los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios. En 2016, estos recursos representaron el 33.1 por ciento del gasto neto total federal y son transferidos a los gobiernos locales mediante dos componentes: el Gasto Federalizado Programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y las Participaciones Federales, que son de libre administración hacendaria, su destino está previsto en los presupuestos de egresos aprobados por las legislaturas locales, en el caso de los gobiernos de las entidades federativas, y por los cabildos en lo que corresponde a los municipios.

En el caso de los montos sin solventar identificados por la ASF en el periodo 2012-2016, las principales problemáticas detectadas son la falta de documentación comprobatoria del gasto, el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, las retenciones no enteradas a terceros institucionales, sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados y pagos improcedentes o en exceso.- (ML).

 

 

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